Áreas de trabajo principales de nuestra oficina:

La Sala de lo Constitucional es la única autoridad jurisdiccional creada y estructurada directamente por la Constitución, la cual también ha definido su competencia, confiriéndole la crucial tarea de: “resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el hábeas corpus”; así como, dirimir “las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo” referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley; y también, decidir las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa es aquella destinada al conocimiento y aplicación del Derecho en el orden administrativo o del Derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto normativo destinado a la regulación de la actividad de la Administración pública en su versión contenciosa o del control de la legalidad y del sometimiento de esta a los fines que la justifiquen. Así como para atender los recursos de los administrados contra resoluciones de la administración que consideran injustas. 

Este sistema fue creado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), y provee un recurso a los habitantes de América que han sufrido violación de derechos humanos por parte del Estado. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978.

Se compone principalmente de:

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, D.C.

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José, Costa Rica.

El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos nace en el seno de la ONU, de la que son miembros casi todos los Estados del mundo. Este sistema consiste en un conjunto de mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas. El término “universal” procede de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e indica que estos derechos son propios de todas las personas por igual, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo.